Analista: Irak prepara calendario para controlar armas y priorizar la economía
El gobierno iraquí planea fijar un calendario para limitar las armas al Estado y avanzar hacia relaciones económicas y diplomáticas.
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AIEl analista político Wathiq al-Jaberi afirmó que el gobierno iraquí se encamina a establecer un calendario concreto para limitar la posesión de armas al Estado, como parte de los esfuerzos para reorganizar el panorama de seguridad y avanzar hacia el fortalecimiento de las relaciones económicas y diplomáticas con países de la región y del mundo.
Al-Jaberi explicó, en una intervención en la emisora "Al Arabiya FM", que la última reunión de la "Administración del Estado" tuvo especial relevancia al reunir a todas las fuerzas políticas presentes en el gobierno y el Parlamento, así como a los tres poderes, el presidente del Consejo Supremo de la Magistratura y el presidente de la región del Kurdistán, para debatir varios asuntos clave que enfrenta Irak.
Agregó que el encuentro se centró en la reforma gubernamental, la lucha contra la corrupción y el control de las armas por parte del Estado, señalando que el gobierno busca establecer un calendario para organizar la entrega de armas y acabar con su presencia fuera de las instituciones oficiales.
Indicó que el Ejecutivo mantiene diálogos serios con las facciones y fuerzas políticas que aún no han entregado sus armas, y subrayó que las justificaciones previas para mantener armas fuera del control estatal ya no existen, dado el control de las fuerzas de seguridad iraquíes sobre la situación y la continuidad del plan de retirada de tropas extranjeras.
Al-Jaberi destacó que la retirada de las fuerzas extranjeras de Irak, prevista para completarse en septiembre, supone un paso importante para resolver los asuntos de seguridad pendientes. Añadió que Bagdad busca transformar sus relaciones con Estados Unidos, los países de la OTAN y los Estados regionales, pasando de vínculos centrados en la seguridad a asociaciones económicas y de inversión más amplias.
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Precisó que el gobierno ha fijado un plazo de dos meses para resolver el tema del control de armas, en paralelo al estudio de varias propuestas sobre el futuro de las facciones armadas, ya sea integrándolas en las instituciones de seguridad, asignándoles funciones civiles o empleos públicos, mientras continúan los canales de diálogo para abordar cualquier reserva sobre esta medida.
