Arabia Saudí aprueba su primer sistema integral de protección al consumidor

En una medida destinada a reforzar los derechos de los consumidores y consolidar la justicia en las transacciones comerciales, el Consejo de Ministros, presidido por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, aprobó el sistema de protección al consumidor, que establece un marco legislativo integral para regular la relación entre consumidores y empresas, fijando normas más claras para proteger a los ciudadanos frente al fraude, el engaño, el abuso y las prácticas comerciales desleales.

El nuevo sistema refleja la voluntad de desarrollar el marco de protección al consumidor y pasar de una multiplicidad de normativas a una única ley que unifica los derechos de los consumidores, las obligaciones de los comerciantes y los mecanismos de control y rendición de cuentas, lo que refuerza la confianza en las transacciones comerciales y eleva el nivel de transparencia y competencia leal.

La importancia de la decisión no se limita a combatir el fraude comercial, sino que abarca la protección del consumidor en todas las etapas de adquisición de un bien o servicio, desde la publicidad, pasando por el contrato y la compra, hasta garantizar su derecho a ser indemnizado en caso de daño.

Una ley unificada que pone fin a la dispersión normativa y refuerza los derechos del consumidor

La promulgación del primer sistema integral de protección al consumidor en el país supone un avance legislativo relevante, ya que consta de 10 capítulos y 76 artículos, y sustituye a tres normativas anteriores: la ley de lucha contra el fraude comercial, la ley de comercio electrónico y la ley de datos comerciales.

La importancia de esta unificación radica en reunir todas las disposiciones relativas a los derechos del consumidor en un solo marco, lo que facilita conocer derechos y obligaciones, reduce la superposición de competencias y proporciona una referencia legal más clara para abordar infracciones y disputas comerciales.

Protección del consumidor ante subidas de precios en crisis

Entre las principales novedades del nuevo sistema destaca la introducción de mecanismos excepcionales para hacer frente a subidas inusuales de precios durante crisis, pandemias y circunstancias extraordinarias, protegiendo así al consumidor de la explotación de situaciones de emergencia para obtener beneficios injustificados.

Las medidas previstas incluyen la fijación de precios para ciertos productos, la imposición de límites máximos a los márgenes de beneficio y la exigencia de autorización previa de la autoridad competente antes de aumentar precios.

Estas medidas adquieren especial relevancia en tiempos de inestabilidad económica, ya que otorgan a las autoridades herramientas para intervenir temporalmente cuando sea necesario, ayudando a estabilizar los mercados y preservar el poder adquisitivo de los consumidores.

Lucha contra la publicidad engañosa

El sistema también protege al consumidor frente a técnicas de marketing que buscan influir en su decisión de compra, prohibiendo prácticas engañosas como la presentación de información falsa, la ocultación de datos esenciales o la exposición de información de manera poco clara, así como la promoción de productos falsificados.

Asimismo, combate las prácticas que imponen restricciones onerosas al consumidor o ejercen presiones y amenazas para influir en su decisión, y prohíbe cobrarle comisiones adicionales por el simple hecho de usar un determinado medio de pago.

Entre las garantías relevantes figura también la prohibición de publicar opiniones y comentarios falsos, lo que refuerza la credibilidad de las valoraciones sobre productos y servicios y protege al consumidor de campañas de promoción engañosas.

Nuevas garantías para productos y servicios usados

El sistema amplía la protección a las transacciones realizadas fuera de los establecimientos comerciales, sometiéndolas a garantías similares a las previstas para el comercio electrónico.

Incluye también disposiciones para proteger al consumidor de cláusulas abusivas en los contratos, anulando las condiciones injustas, y reconoce garantías para productos y servicios usados, lo que supone un avance importante para los derechos de los compradores y extiende la protección más allá de los bienes nuevos.

El sistema permite además la publicidad comparativa entre comerciantes y empresas, siempre que se respete la transparencia, la objetividad y no se engañe ni se perjudique a los competidores, facilitando así al consumidor la comparación de precios, calidad y servicios antes de tomar una decisión de compra.

Protección especial para niños, mayores y personas con discapacidad

Uno de los aspectos destacados del sistema es su atención a los colectivos más vulnerables, especialmente niños, personas mayores y personas con discapacidad, mediante la introducción de disposiciones específicas que atienden sus necesidades y les ofrecen protección adicional en las transacciones comerciales.

También prohíbe que la publicidad dirigida a menores incluya mensajes que puedan dañar su vida, salud o seguridad, reforzando la responsabilidad de empresas y anunciantes sobre el contenido dirigido a este grupo.

Indemnizaciones colectivas y mecanismos más ágiles para resolver disputas

El sistema no solo prevé la prevención de infracciones, sino que también garantiza que los afectados reciban sus derechos, regulando la indemnización por daños derivados de productos y servicios que incumplan la normativa.

Entre sus principales novedades destaca la posibilidad de que las asociaciones de consumidores interpongan demandas colectivas para reclamar indemnizaciones, permitiendo así abordar daños que afecten a un gran número de consumidores sin que cada uno deba iniciar un proceso individual.

El sistema también mejora los mecanismos de resolución de disputas, con procedimientos simplificados para reclamaciones menores, lo que agiliza la resolución de conflictos y facilita el acceso a la justicia.

Sanciones de hasta 8 millones de riyales y dos años de prisión

Para garantizar el cumplimiento de la ley, se han establecido sanciones severas para los infractores, que incluyen multas de hasta 8 millones de riyales saudíes, penas de prisión de hasta dos años, suspensión de actividades, incautación de productos infractores y publicación de advertencias para los consumidores.

Las medidas de aplicación también contemplan el bloqueo de sitios web infractores y la retirada de anuncios que no cumplan la normativa, ampliando así la supervisión tanto a los mercados tradicionales como digitales.

20 organismos públicos para reforzar la supervisión del mercado

Se espera que la coordinación entre más de 20 organismos públicos encargados de la protección al consumidor y la supervisión del mercado mejore la eficacia de la aplicación del sistema, facilite la coordinación de los esfuerzos de control y agilice la gestión de quejas e infracciones.

El ministro de Comercio, Majed bin Abdullah Al-Qasabi, afirmó que la aprobación del sistema por parte del Consejo de Ministros representa un paso legislativo importante para reforzar los derechos de los consumidores en Arabia Saudí, señalando que la ley establece garantías claras, regula la relación entre consumidores y empresas y promueve prácticas comerciales justas.

180 días para su entrada en vigor

Está previsto que la ley entre en vigor 180 días después de su publicación en el Boletín Oficial, sustituyendo a las tres normativas anteriores y marcando una nueva etapa en la regulación de la relación entre consumidores y proveedores de bienes y servicios.

Con sus garantías de derechos, mecanismos para combatir subidas injustificadas de precios, sanciones contra el fraude y el engaño, y vías de indemnización y resolución de disputas, el sistema establece un marco integral para reforzar la confianza en los mercados y subraya que la protección al consumidor ya no se limita a reaccionar ante las infracciones, sino que abarca la prevención y la regulación de las prácticas comerciales para equilibrar los intereses de consumidores y empresas.