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viernes, 20 de noviembre de 2026 · Riad
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Arabia Saudita

Nuevas normas para la gestión privada de escuelas públicas en Arabia Saudí

El Consejo de Asuntos de la Educación Pública aprueba regulaciones para asociaciones con el sector privado en la gestión de escuelas públicas sin coste para los alumnos.

AJEL Españolhace 15 min · 3 min de lectura
Escuela pública saudí gestionada por sector privado

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El Consejo de Asuntos de la Educación Pública ha aprobado las «normas para la delegación de asociaciones con el sector privado y sin ánimo de lucro en la educación pública», publicadas este viernes en el diario «Umm Al-Qura», que permiten al Ministerio de Educación delegar la gestión total o parcial de escuelas públicas a socios de ambos sectores, así como invertir en edificios y terrenos educativos.

Las normas establecen dos modelos principales de asociación: el primero, de servicios y operación, abarca la delegación de la gestión o funcionamiento de instituciones educativas públicas, tareas educativas específicas o servicios no educativos; el segundo, de inversión en activos, incluye la construcción, desarrollo o mantenimiento de escuelas financiados por el socio, y el aprovechamiento e inversión de los edificios fuera del horario escolar y en vacaciones.

Las normas garantizan el derecho del alumno a recibir el servicio y su continuidad, sin que se le cobre si está financiado por el Ministerio, permitiendo ofrecer servicios adicionales opcionales de pago, siempre que no sean condición para el servicio básico ni incluyan lo necesario para estudiantes con discapacidad.

También permiten a los tutores elegir entre las opciones aprobadas cuando el modelo lo permita, y prohíben que la asociación derive en un servicio de menor calidad que la alternativa, subrayando que no se aprobará ningún modelo que ahorre a costa de la calidad.

El socio operador podrá obtener autonomía en la gestión de operaciones, recursos humanos y horarios, a cambio de rendir cuentas por los resultados educativos, operativos y financieros, debiendo cumplir con el currículo nacional, el plan de estudios, los estándares docentes —incluidas licencias profesionales—, la protección y seguridad de los alumnos, y permitir la supervisión del Ministerio y la realización de pruebas nacionales e internacionales.

Respecto a los docentes y empleados públicos, las normas permiten al operador beneficiarse de ellos con su consentimiento escrito previo, manteniendo su relación laboral con el Ministerio y sin establecer vínculo laboral con el socio, sin afectar sus derechos ni carrera profesional, y minimizando cambios durante el curso escolar. El socio podrá ofrecer incentivos a su cargo, y el Ministerio podrá reincorporar a cualquier empleado a su puesto original.

Cada asociación relevante deberá contar con un plan de continuidad del servicio, de modo que la interrupción del socio o el fin del contrato no suponga la suspensión del servicio. El Ministerio podrá exigir un plan correctivo o recurrir a un operador alternativo. Las normas no contemplan la transferencia de propiedad de ningún activo educativo.

Se establece que las asociaciones y contratos vigentes continuarán hasta el final de su plazo, debiendo adecuar su gobernanza a las nuevas normas en el plazo de un año desde su entrada en vigor, y solo podrán renovarse o ampliarse conforme a estas. Las normas serán aplicables desde la entrada en vigor de la Ley de Educación Pública.