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martes, 17 de noviembre de 2026 · Riad
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Arabia Saudita

Experto legal aclara la responsabilidad penal en delitos con IA

El asesor legal saudí Bandar Al-Ruwaili afirma que la ausencia de personalidad jurídica de la IA no exime de responsabilidad penal, que depende del papel de cada parte.

AJEL Españolhace 30 min · 2 min de lectura
Bandar Al-Ruwaili, experto legal saudí

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AI

El investigador y asesor legal, miembro de la Asociación Saudí de la Judicatura, Bandar Al-Ruwaili, afirmó que la ausencia de personalidad jurídica de la inteligencia artificial no implica la ausencia de responsabilidad, y explicó que la responsabilidad penal por los delitos relacionados con ella se determina según el papel de cada parte, ya sea desarrollador, operador o usuario del sistema.

Al-Ruwaili, quien también es miembro del Centro Rey Faisal de Investigaciones y Estudios Islámicos e investigador en derecho internacional, señaló en una entrevista exclusiva que el daño por sí solo no basta para una condena, ya que es necesario probar el acto y la intención criminal, es decir, los elementos objetivo y subjetivo del delito, o demostrar una negligencia sancionada por la ley, siempre que exista una relación causal entre el acto y el resultado. Añadió que la empresa también puede ser responsable penalmente si la ley así lo establece y se cumplen sus condiciones, subrayando que no hay responsabilidad penal simplemente por desarrollar, poseer o utilizar el sistema.

Como ejemplo, mencionó el caso de un empleado que utilizó inteligencia artificial para imitar la voz del director de una empresa y engañar al contable para transferir fondos a su propia cuenta, aclarando que el empleado respondería por fraude si se prueban sus elementos. El desarrollador del programa no sería responsable solo por su desarrollo, salvo que haya participado deliberadamente en el delito o cometido otro acto sancionado por la ley.

Los contratos inteligentes bajo el amparo de la ley

En cuanto a los contratos inteligentes, Al-Ruwaili explicó que el sistema judicial garantiza los derechos de las partes sometiendo estos contratos a las normas legales que rigen su validez y ejecución, y permite al afectado recurrir a los tribunales o al arbitraje acordado para reclamar sus derechos.

Aclaró que la ejecución automática del contrato no implica necesariamente su validez legal, y que en caso de error o incumplimiento se puede solicitar la devolución del importe o una indemnización, incluso si técnicamente no es posible anular la operación.

Puso como ejemplo a un contratista y un proveedor que acordaron transferir automáticamente el pago de los materiales al entregarlos, pero el sistema transfirió el dinero por una señal electrónica errónea pese a no haberse realizado la entrega. Señaló que el contratista tiene derecho a reclamar ante la autoridad judicial competente, ya que la transferencia automática no prueba la entrega de los materiales ni el derecho del proveedor al pago.

Cabe destacar que el doctor Bandar Al-Ruwaili posee un doctorado profesional en arbitraje internacional y resolución de disputas.