El presidente de la Asociación Nacional de Derechos Humanos: Combatir la trata de personas es una responsabilidad nacional

El presidente de la Asociación Nacional de Derechos Humanos, Khaled bin Abdulrahman al-Fakhri, afirmó que la trata de personas es uno de los delitos más graves que afectan los derechos humanos y las libertades fundamentales, ya que implica la explotación de las personas y atenta contra sus derechos y dignidad. Señaló que combatir este delito requiere la integración de los esfuerzos legales, institucionales y sociales, lo que contribuye a su prevención y mejora la eficacia de su lucha.

Con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, explicó que el desarrollo de legislaciones, procedimientos y mecanismos relacionados con la lucha contra la trata de personas en Arabia Saudí refleja el progreso continuo que vive el país en este ámbito, siguiendo un enfoque que combina la aplicación de las leyes, la protección de los derechos y el cumplimiento de los compromisos internacionales pertinentes.

Añadió que la lucha contra la trata de personas se basa en la integración de esfuerzos en los ámbitos de la prevención, la concienciación, la protección de las víctimas y la aplicación de la ley, lo que refuerza la eficacia de la respuesta, consolida la confianza en la justicia y protege los derechos humanos.

Indicó que la Asociación Nacional de Derechos Humanos continúa, en el marco de sus competencias, contribuyendo a la difusión de la cultura de los derechos, la sensibilización sobre los riesgos de la trata de personas, el seguimiento de los casos dentro de su ámbito y la emisión de opiniones pertinentes, apoyando así los esfuerzos nacionales y reforzando la protección de los derechos.

Afirmó que el desarrollo continuo de las legislaciones, prácticas y procedimientos relacionados con la lucha contra la trata de personas fortalece la capacidad del sistema nacional para prevenir y responder, respalda la sostenibilidad de los esfuerzos realizados en este campo, refuerza la protección de las personas, consolida la soberanía del sistema y se ajusta a las mejores prácticas internacionales.

Concluyó su declaración subrayando que combatir la trata de personas es una responsabilidad nacional compartida, basada en la integración de roles entre las autoridades competentes, las instituciones nacionales y las organizaciones de la sociedad civil, lo que refuerza la protección de las personas, preserva los derechos y consolida la soberanía del sistema.